Por: Margareth Flórez*
Directora Ejecutiva
Corporación Transparencia por Colombia
A finales de enero, en Indonesia, se realizará la Conferencia de los Estados Parte (CoSP) de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC), que evaluará los avances en la implementación de la misma en los Países signatarios. Colombia ratificó esta Convención en octubre de 2006, y será uno de los participantes.
Se espera de esta Conferencia, la adopción de un mecanismo de seguimiento al desarrollo de la Convención por parte de la sociedad civil, de forma similar al aplicado en la Convención Anti-corrupción de la OEA. Transparencia Internacional – TI y sus capítulos nacionales junto con otras organizaciones, viene impulsando la acogida de esta propuesta. No obstante, en la Conferencia serán expuestos no sólo los informes de los estados sobre avances en el cumplimiento de este Acuerdo internacional, sino también se pondrán a disposición, los reportes preparados por organizaciones de la sociedad civil sobre lo mismo. De hecho, Transparencia por Colombia en alianza con la Agencia de Cooperación Técnica Alemana GTZ, y con el apoyo del experto Marino Tadeo Henao, produjo un reporte siguiendo un “checklist” o cuestionario sugerido por TI, que evalúa avances y dificultades en la implementación de la Convención en Colombia.
En términos generales, Colombia cuenta con la normatividad necesaria para combatir la corrupción, y cumplir lo pactado en la Convención. Sin embargo, sigue existiendo una gran distancia entre las normas y la aplicación práctica de las mismas. En efecto, si bien hay avances en prevención de riesgos de corrupción, especialmente entre las entidades nacionales evaluadas en el Índice de Transparencia, éstos no parecen ser suficientes. La calificación del país en el Índice de Percepción de Corrupción de TI está relativamente estancada en un puntaje muy bajo (3.8/10), y en el Barómetro Global, los colombianos encuestados expresaron que son escépticos de que en los próximos tres años se logre disminuir la corrupción. Adicionalmente, la realidad colombiana, marcada por la influencia ilegítima de grupos legales e ilegales que buscan cooptar el Estado, impone retos nuevos y sustantivos a la lucha contra la corrupción, un fenómeno cada vez más complejo y sofisticado.
En este orden de ideas, a futuro, Colombia debe impulsar algunos nuevos desarrollos normativos, afinar la normatividad para captar nuevos fenómenos y manifestaciones, pero sobretodo, aplicar con efectividad las normas para transformar la realidad y combatir la corrupción.
De acuerdo a la evaluación realizada, Transparencia por Colombia considera que algunos de los temas fundamentales en los que el Estado colombiano debe trabajar en el marco de la Convención, son:
• Hacer más transparente el financiamiento de la política y romper los vínculos perversos entre financiación de campañas y pagos de favores en el Estado.
• Mejorar y afinar el sistema de monitoreo a las declaraciones de bienes de los servidores públicos, de tal forma que sea posible entre otras, hacer cruces con información de entidades financieras (nacionales e internacionales), y sistemas de registro público de bienes inmuebles y muebles de especiales características.
• Definir como delitos, el soborno y la malversación en actividades privadas. Con estas conductas antijurídicas los directivos y funcionarios de una entidad privada no sólo están afectando la propiedad privada, sino el bien jurídico del orden económico-social al burlar la confianza masiva que en ellos se deposita.
• Incluir en el delito de “Tráfico de influencias”, al sujeto indeterminado “cualquier persona”, como sujeto activo y pasivo de la acción. Ello permitiría penalizar el aspecto más profundo del tráfico de influencias: la negociación, por fuera del Estado, de las decisiones y recursos públicos.
• Adoptar medidas apropiadas y efectivas de protección de testigos, peritos y víctimas de los delitos tipificados con arreglo a la Convención, contra eventuales actos de represalia o intimidación. Colombia tiene legalmente establecido, con cargo al Estado y bajo la dirección y coordinación de la Fiscalía General de la Nación, el "Programa de Protección a Testigos, Víctimas, Intervinientes en el Proceso, y Funcionarios de la Fiscalía". Sin embargo, el Programa no está efectivamente cubriendo a los potenciales denunciantes o testigos en los delitos a que se refiere la Convención.
• Establecer la responsabilidad penal de personas jurídicas por su participación en delitos tipificados con arreglo a la Convención.
• Asegurar la independencia de fiscales, jueces y funcionarios de los organismos de control para que puedan adelantar investigaciones penales por los delitos directamente relacionados con la corrupción.
La Conferencia de Estados Partes será un escenario propicio para que los gobiernos y las organizaciones sociales unan esfuerzos dirigidos a establecer un mecanismo de revisión y seguimiento a la implementación de la UNCAC, que resulte eficiente, transparente, imparcial y no excluyente, y que permita dar parte a la comunidad nacional e internacional, sobre el grado de cumplimiento que los gobiernos le han dado a los compromisos adquiridos con la firma de la Convención y las deficiencias normativas y prácticas que se evidencian dentro de cada uno de los países.
Para mayor información, consulte los siguientes documentos: