Transparencia por Colombia considera relevante la voluntad política, manifestada por el Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, desde su programa de gobierno, de combatir frontalmente la corrupción. Todo indica que esta voluntad comienza a concretarse en la elaboración del proyecto de ley anti-corrupción y, según lo anunciado en medios de comunicación, con el lanzamiento de una Política de Estado de Lucha contra la Corrupción.

Sobre las iniciativas del Gobierno, en cuyo proceso Transparencia por Colombia ha sido llamada como entidad de referencia en la lucha anticorrupción, la Corporación considera que el proyecto de ley en elaboración constituye una iniciativa importante y necesaria, como un instrumento básico dentro de dicha Política.

En este marco, Transparencia por Colombia ha expuesto al equipo encargado y se permite ahora recomendar de manera pública, la necesidad de integrar a la formulación de la Ley y a la Política en general, tanto en forma como fondo, los principales elementos de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha Contra la Corrupción, de la cual Colombia es signataria mediante la ley 970 de 2005. En esta Convención hay una clara directriz para que las políticas de Estado involucren a todas las ramas del poder público y a los distintos niveles de gobierno, al sector privado y organizaciones no gubernamentales, en la corresponsabilidad de luchar contra la corrupción; así como recomendaciones para que la formulación contemple medidas preventivas, de investigación y de sanción, que deben ser adoptadas por parte de las diferentes instituciones públicas, estableciendo los medios y recursos requeridos para su ejecución. -Aunque indudablemente es necesario hacer algunas reformas legales, los problemas principales se encuentran en la capacidad efectiva de las instituciones de prevenir y de hacer cumplir las normas y sancionar a los infractores.-

Así, Transparencia por Colombia sintetiza en 11 puntos su propuesta. De esta manera, la estrategia integral del gobierno en materia de lucha contra la corrupción deberá comprender de manera explícita lo siguiente:

1. La elaboración de la política integral de lucha contra la corrupción y de estrategias específicas para las ramas del poder público y los órganos de control.
2. La autonomía y facultades del órgano nacional de prevención y coordinación de políticas de lucha contra la corrupción
3. La participación de la sociedad civil, tanto en la formulación de las políticas como en su ejecución y seguimiento.
4. La participación de los medios de comunicación en las políticas de lucha contra la corrupción.
5. Las medidas de estímulo y de protección a funcionarios y ciudadanos
con relación a la denuncia de prácticas de corrupción.
6. La reglamentación de la “puerta giratoria” de funcionarios entre el sector público y el sector privado.
7. La transparencia y difusión sobre la información de bienes y rentas y sobre conflicto de intereses de los funcionarios públicos.
8. Las unidades especiales de inteligencia contra la gran corrupción.
9. Las medidas para prevenir y combatir la captura y reconfiguración cooptada del Estado.
10. Mecanismos para prevenir y mitigar la distorsión de los procesos electorales.
11. La inclusión de esta política en el Plan De Desarrollo, como está previsto por el gobierno.

“La voluntad política y el compromiso del Gobierno no son suficientes, si en este estatuto no se incluyen explícitamente y se hacen partícipes a los medios de comunicación, la sociedad civil y el sector privado, además de los instrumentos y espacios para fomentar y garantizar el control social y el ejercicio de una ciudadanía plena.” enfatizó Elisabeth Ungar, Directora Ejecutiva de Transparencia por Colombia.

Mayores informes de prensa
Ana Carolina Rodríguez,
Coordinadora Comunicaciones Transparencia por Colombia
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