No solamente por la magnitud de los montos que algunos miembros de la Rama están reclamando como pensión de jubilación en virtud de un paso efímero por las altas cortes, que contrastan escandalosamente con lo que reciben millones de colombianos y con lo que dejan de percibir otros tantos que no pueden acceder a ellas, sino por la manera como han obtenido esos“privilegios”. Mediante triquiñuelas y acuerdos por debajo de la mesa. Pero sobre todo, por tratarse de los responsables de velar por el cumplimiento de las leyes.

Desafortunadamente, hechos como estos no contribuyen a mejorar las percepciones que los colombianos tienen sobre la Justicia, y ayudan a explicar por qué este sector está entre los que obtiene menores promedios en el Índice de Transparencia de Transparencia por Colombia que evalúa riesgos de corrupción institucional. Y por qué el Consejo Superior de la Judicatura, que ahora está en el ojo del huracán por el tema pensional, ocupó el puesto 110 entre 158 entidades del orden nacional. De igual manera, según el Latinobarómetro 2011, “en la categoría de evaluación de servicios públicos, al sistema judicial le va muy mal. Sólo el 32% de los colombianos asegura estar satisfecho con el sistema. El sistema judicial es el único servicio público que va disminuyendo sus niveles de satisfacción a lo largo del tiempo de un 33% en 2009 a 30% en el 2011”.

Los hechos que se han conocido en los últimos meses son muy graves, porque están en juego recursos públicos, y porque claramente pueden configurar hechos de corrupción. Pero lo son aún más porque quienes aparentemente han abusado de su poder son los encargados de administrar e impartir justicia.

Llama la atención que algunos miembros de las altas cortes pretendan justificar lo que ha sucedido con el carrusel de las pensiones con el argumento de que se está actuando en el marco de la ley, que establece que el último cargo ocupado define los valores de las mismas. Efectivamente, esto es lo que dice la norma,pero en muchos casos es necesario ir mucho más allá de lo legal, y considerar el ámbito de la ética y de la legitimidad.

¿O acaso es ético nombrar a una persona en un cargo por unos cuantos meses, así sus cualidades hipotéticamente lo ameriten, con el propósito de que puedacompletar el tiempo requerido para pensionarse y, ante todo, que pueda hacerlo con unos montos muy superiores a los que le corresponderían de haber permanecido en su puesto anterior? ¿O lo es nombrar a familiares y amigos de miembros de las cortes para pagar favores, o a cambio de apoyos a aspiraciones futuras?

Por supuesto estas no son prácticas generalizadas en la Rama Judicial, ni son nuevas, pero infortunadamente generan una gran desconfianza entre la ciudadanía y afectan la credibilidad y legitimidad de la Justicia. Como reza el dicho, "No basta que la mujer del César sea honesta; también tiene que parecerlo".