>> Mapa del sitio Sunday, February 05, 2012
EN LA POLÍTICA EN LA JUSTICIA EN LA CONTRATACIÓN CONTROL CIUDADANO EST. TERRITORIAL SECTOR PRIVADO

Índice de Transparencia Nacional 2007-2008

El Índice es una herramienta diseñada para identificar las condiciones institucionales y prácticas de los actores gubernamentales, y a partir de ello definir el riesgo de corrupción a los que se enfrentan las entidades nacionales en desarrollo de sus procesos de gestión. 
 Busca ser un instrumento que le permita a las entidades públicas evaluar sus características institucionales, la visibilidad que dan a sus actos y el nivel de sanción y autorregulación de dichas entidades, esto con el fin de contribuir con la prevención de la ocurrencia de hechos de corrupción.

•    158 entidades (entre las que se cuentan 20 entidades de naturaleza especial), de los diversos ámbitos del Estado a nivel nacional formaron parte de la medición. Con un promedio de 69.5/100 las entidades públicas del nivel central colombiano muestran una calificación media en riesgos de corrupción.

•    Sólo cuatro (4) de las 138 entidades públicas evaluadas (exceptuando las de naturaleza especial) se ubican en bajo riesgo de corrupción. El Banco de la República alcanza el primer lugar. En las empresas de naturaleza y régimen especial del Estado, la mejor calificación la tiene BANCOLDEX, seguida por ECOPETROL.

•    Entre las entidades que reportan mayores riesgos se encuentran el Congreso de la República, nueve corporaciones autónomas regionales, la Comisión de Regulación de Energía y Gas, la Registraduría Nacional y cinco universidades.

•    Los dos riesgos de corrupción administrativa que obtienen calificaciones menores a los 60 puntos están los temas de audiencia pública de rendición de cuentas y selección meritocrática de servidores públicos.

•    La debilidad de la institucionalidad en las entidades de control pone en peligro el sistema de pesos y contrapesos en el Estado Colombiano, afirma Transparencia por Colombia.

•    El Índice hace especial énfasis en el reto que enfrenta la contratación pública: modalidades de excepción, mecanismos que no requieren publicidad ni pluralidad de oferentes, así como el hecho de que sólo el 62% de las entidades evaluadas publican en el Portal Único de Contratación, son algunas de las modalidades más frecuentes.

El Índice de Transparencia Nacional 2007 – 2008, desarrollado por la Corporación Transparencia por Colombia, evalúo las entidades más importantes en la gestión del desarrollo nacional. Las 158 entidades fueron seleccionadas, por ser las que concentran la mayor parte del presupuesto nacional. De igual forma, evaluó especialmente a las empresas de naturaleza especial del Estado.

El promedio general –la gran calificación- del ITN, 69.5/100, señala un deficiente nivel en la implementación de medidas que sirvan de barreras de contención a la corrupción administrativa. El 41% de las entidades evaluadas se ubicó en riesgo medio y 17% en riesgo alto y muy alto de corrupción. Esto indica que las condiciones institucionales del 56% no brindan garantías para la transparencia y la lucha contra la corrupción.

La investigación, que tomó año y medio, fue realizada por la Corporación Transparencia por Colombia, con el apoyo de la Embajada Británica y la Embajada de los Países Bajos. Frente a herramientas anteriores, y dados las complejas evoluciones del fenómeno de la corrupción, así como las exigencias del fortalecimiento institucional, este Índice buscó niveles óptimos de transparencia en la gestión administrativa con nuevas variables internas de medición en cada indicador y estándares internacionales.

Vistos los deficientes resultados generales, Transparencia por Colombia hace un llamado al gobierno y a la sociedad para volver a posicionar la lucha anticorrupción como una prioridad en la agenda pública nacional, comprender y actuar con decisión y audacia para cerrarle las puertas a la captura y a la reconfiguración cooptada del Estado, así como cumplir, de manera más estricta, la legislación existente. Contar con instituciones maduras, democráticas y modernas es una de las principales formas de luchar contra los riesgos de corrupción administrativa.

 

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