Los notables progresos alcanzados en materia de libertad de expresión y acceso a la información en la región han beneficiado a millones de personas y se han logrado gracias al trabajo constante y riguroso de La Corte, de la CIDH y de su Relatoría Especial. La creación del Sistema Interamericano de Derechos Humanos es uno de los pactos más importantes nunca alcanzados por los Estados de la región. Este Sistema constituye una barrera contra todas las formas de arbitrariedad  y es patrimonio de todos los habitantes de las Américas. En este sentido, motivamos a nuestros Estados para que avancen en la defensa y promoción del Sistema Interamericano, incluyendo la existencia de una vigorosa Relatoría Especial para la Libertad de Expresión.

Pese a los innegables avances democráticos de las últimas décadas - que en muchos Estados han fortalecido la defensa del derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información - el Sistema Regional es el último recurso para muchas víctimas de violaciones de estos derechos. Reconocemos que los órganos del Sistema Interamericano, además de jugar un papel esencial en la defensa de los derechos de las víctimas de regímenes autoritarios del pasado, también funcionan como un freno ético y jurídico fundamental para quienes intentan cometer desafueros en el presente.

En la propuesta de fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos realizada en el marco de la OEA, los Estados Miembros aceptaron incluir en el documento final tres recomendaciones que afectan directamente a la Relatoría Especial [1]. Si bien estas recomendaciones se expresan en términos generales, su diseño y contenido puede conducir a una aplicación que limitaría notablemente su operatividad. Consideramos entonces, que cualquier propuesta que debilite la función de la Relatoría Especial de Libertad de Expresión implica atentar directamente contra las víctimas o potenciales víctimas de los abusos de autoridad. Es crítico por lo tanto que los Estados garanticen un funcionamiento no restrictivo.

Las tres recomendaciones que, de aplicarse, conllevarían un debilitamiento de la Relatoría Especial son las siguientes:

1) Incorporar todos los informes de las Relatorías en un capítulo único del informe anual de la Comisión (CIDH). 

La Relatoría Especial publica un informe anual exhaustivo y específico sobre la situación de la libertad de expresión en todos los países del hemisferio. De aplicarse, esta recomendación pondría en riesgo una práctica establecida que contribuye al mejoramiento de la calidad democrática de los Estados. Reemplazar este informe especial por un breve reporte de actividades reduciría notablemente la visibilidad, impacto y alcances que tiene este trabajo en la región.

Es importante que los Estados no sólo preserven estas prácticas, sino que además las hagan  extensivas a todas las Relatorías y así, fomentar la profundidad del análisis de temáticas claves para la vida en democracia. 

2) Asignar recursos adecuados, suficientes y balanceados a todas sus Relatorías, grupos de trabajo y unidades.

Las Relatorías de la CIDH no cuentan con financiamiento suficiente para un adecuado funcionamiento. La Relatoría para la Libertad de Expresión tiene capacidad para gestionar sus propios recursos y ha podido hacerlo de manera eficaz. Cabe mencionar que la creación de la Relatoría Especial fue una decisión de la CIDH respaldada por los Estados miembros para promover y fortalecer la libertad de expresión en las Américas como piedra angular de la democracia.

Esta propuesta debe ser entendida como un proceso de fortalecimiento para todas las relatorías en la búsqueda de fondos, pues si entendemos que debe existir un sistema de distribución de fondos “balanceada”, bajo ningún punto de vista, puede constituir dicha recomendación, una reducción en el financiamiento de esta Relatoría Especial, pues afectaría radicalmente su operatividad.  Será fundamental que los Estados Miembros puedan aclarar este punto conforme a los objetivos planteados en este documento de fortalecimiento del Sistema Interamericano.

3) Establecer un Código de Conducta que regule la gestión de las Relatorías de la CIDH, para asegurar la coordinación que debe existir entre dichos mecanismos y los Estados.

Desde 2007 existe en el Sistema de Derechos Humanos de las Naciones Unidas un Código de Conducta para los relatores, y esta posibilidad también ha sido contemplada en el Reglamento de la CIDH [2]. Sin embargo, esta recomendación no tiene en cuenta que la Relatoría Especial se rige por el reglamento y las prácticas de la Comisión, por lo cual esta propuesta resultaría innecesaria. Adicionalmente, según como está planteado, las Relatorías podrían estar sujetas a una evaluación indebida por parte de los Estados. Esto perjudicaría gravemente la independencia y eficacia del Sistema Interamericano al cual pueden recurrir sus ciudadanos. Por lo tanto, nunca un Código de Conducta podría convertirse en un impedimento para que la Relatoría Especial emita comunicados, cartas o recomendaciones antes de que se consume una violación o se genere un perjuicio irremediable pues es fundamental el carácter preventivo que tiene en el Sistema Regional para la defensa de los derechos.

Los Estados deben asegurar que las recomendaciones constituyan un verdadero fortalecimiento del Sistema Interamericano y no una disminución de la operatividad de las Relatorías. En este mismo sentido, debe ser la interpretación de la propia CIDH sobre las recomendaciones de esta propuesta.

Por lo tanto, para las organizaciones firmantes es fundamental que los Estados fortalezcan y respalden al Sistema que protege a todas las víctimas de pasados autoritarios, ayudan a ejercer los derechos en la vida democrática y previenen futuras violaciones a los derechos humanos. Exhortamos a nuestros gobiernos y a la comunidad en general a respaldar de forma decisiva a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión como instrumento de protección de la dignidad, de la libertad y los derechos las presentes y futuras generaciones en las Américas.

Organizaciones firmantes: