Veeduría a la selección de magistrados de las altas cortes 


Una dimensión necesaria de la independencia de la justicia, es la transparencia en la selección de jueces y magistrados, razón por la cual durante el 2007 Transparencia por Colombia hizo parte de la Alianza para la Veeduría a la selección de Magistrados de las Altas Cortes.  La Alianza estuvo conformada por la Corporación Excelencia en la Justicia, Congreso Visible, Plural, Legis, El Tiempo, La República, El Heraldo, Ámbito Jurídico, Semana, Cambio y City Tv.

La Alianza monitoreó en 2007 el nivel de transparencia de los procesos de conformación de listas y ternas, y de elección final de los dos nuevos magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.  La Veeduría propuso a las Altas Cortes implementar medidas para fortalecer la transparencia de este proceso de selección, y recomendó de manera particular la publicidad de todas las etapas del proceso, la revelación de los criterios de selección aplicables, y el establecimiento de canales de acceso  a través de los cuales los ciudadanos puedan aportar información sobre eventuales inhabilidades o incompatibilidades de los candidatos o efectuar denuncias sobre irregularidades en el proceso.

Debe destacarse la apertura de las Cortes para permitir el proceso de monitoreo, y hechos como que el Consejo Superior de la Judicatura haya abierto un canal de comunicación para que la ciudadanía exponga opiniones y denuncias sobre los candidatos, la publicación de las listas en los medios de comunicación, y la realización de audiencias públicas para anunciar las listas y exponer la caracterización general de los candidatos.  Sin embargo, aún queda mucho camino por recorrer para lograr la transparencia total de estos procesos.

La Veeduría también monitoreó el proceso de selección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional.  Dado que la conformación de la terna correspondía al Señor Presidente de la
Republica, la Veeduría, respetuosa del fuero presidencial, invitó al Presidente a hacer públicos los criterios para la conformación de la terna, y al Congreso de la República a que informara el cronograma de selección del nuevo magistrado, a abrir canales de comunicación con la ciudadanía, a televisar la audiencia de elección del nuevo Magistrado, y a vincular a la Veeduría como observadora de todo el proceso.  Lamentablemente, en este caso las recomendaciones de la Veeduría no fueron tendidas en cuenta, lo que no impidió mantener informada a la opinión pública sobre la evolución del proceso.

El cumplimiento de los preceptos legales relacionados con la selección y nombramiento de los magistrados de las Altas Cortes no es suficiente para garantizar la probidad del proceso.  Debe insistirse en que los criterios de selección estén pre-establecidos, que las condiciones de participación de los candidatos sean públicamente conocidas, que haya una política de conflicto de intereses expresa y clara, y en que sean difundidos y tenidos en cuenta los comentarios de los ciudadanos en relación con las calidades morales y profesionales de quienes aspiran a ocupar las Altas Cortes.  Lo anterior redundará en un mejor funcionamiento del sistema de justicia.