El que el 54% de los encuestados perciba una influencia indebida del sector privado en la formulación de políticas públicas, reglamentaciones y leyes, evidencia la baja confianza que se tiene en procesos ejecutivos y legislativos que afectan directamente el bienestar social. Tal vez lo más preocupante está relacionado con la pérdida de legitimidad democrática, en sentido estricto del término, en el proceso de elaboración de leyes y, por lo tanto, en la pérdida de legitimidad del espíritu mismo de la ley. Para ese 54% de los encuestados, las leyes tienden a ser parcializadas y a favorecer a unos pocos, lo cual afecta gravemente la naturaleza esencial de un verdadero Estado democrático moderno y el fundamento de un Estado de Derecho.

La pregunta importante que surge sería: ¿Qué hacer cuando la legitimidad institucional está cuestionada y es difícil consolidar la cultura de la ética pública, pues la defensa de la legalidad procedimental en regímenes contaminados por la captura y cooptación de lo público, puede llevar paradójicamente a legitimar la pauperización del interés colectivo a costa del privilegio indebido de intereses privados legales e incluso en ocasiones ilegales? .

En relación con los datos para el caso de Colombia, llama la atención la ausencia de resultados atípicos con respecto de Latinoamérica en conjunto, incluso a pesar de la crisis institucional de la “para/farc-política”. La percepción de corrupción de la institución legislativa en Colombia recibió una calificación de 3.9, donde 5 es extremadamente corrupto y 1 es para nada corrupto. Así, Colombia se ubica por debajo de cuatro países: Panamá (4.6), Perú (4.3), Argentina (4.2), Bolivia (4.2) y América Latina (4.0). Además, se ubica en la misma calificación con Venezuela y Chile. Lo interesante es que en ninguno de estos países, como en Colombia, se tiene noticia de incidencia directa de grupos ilegales en la labor legislativa.

Lo anterior permite concluir que las investigaciones, sanciones y condenas judiciales a legisladores, proferidas durante los últimos años en Colombia, no han sido interpretadas por los encuestados como casos relacionados con procesos de corrupción ni de Captura del Estado, ni menos aún de Reconfiguración Cooptada del Estado colombiano. Si así fuera, la percepción de corrupción del legislativo en Colombia debería ser más alta que la de la gran mayoría o incluso de la casi totalidad de países de Latinoamérica.

Ante la presencia de formas variadas de injerencia, cooptación y captura por parte de agentes privados legales e ilegales, en el debate y tramitación de normas y leyes en el legislativo, que van más allá del soborno tradicional, es posible que un proceso como el de la “para/farc-política” no sea aún identificado por la opinión pública como una forma específica de corrupción, en la acepción tradicional del término. Incluso pareciera que todavía la Captura del Estado sigue siendo un fenómeno percibido como eminentemente económico, adelantado por el sector privado para buscar beneficios económicos. En esta medida, la influencia y asociación directa con propósitos políticos, económicos y sociales de mediano y largo plazo entre actores ilegales e legales, como lo observado en Colombia desde los noventa, no se interpreta como corrupción, ni más grave aún, como Captura del Estado, haciéndose así posible que grupos legales e ilegales manipulen de manera ilegítima, si no ilícita, ciertas decisiones del Estado, sin recibir el contundente rechazo social y cultural por parte de las elites poderosas ni de la ciudadanía en general, como hasta ahora habría ocurrido en Colombia.

Se evidencia entonces la necesidad de ilustrar, divulgar y analizar, de cara a la sociedad, aquellos nuevos fenómenos y escenarios de corrupción que consisten asociaciones novedosas entre actores legales e ilegales, como condición indispensable para evitar nuevas situaciones como las que ha atravesado el Estado colombiano. Esta tarea parece más necesaria aún, en Estados en transición o en proceso de consolidación, pues dichos Estados presentan debilidades, no sólo administrativas y técnicas sino incluso morales, como aquellas que dieron paso, desde el nivel local, al proceso de Captura y Reconfiguración Cooptada del Estado registrado en Colombia.

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