El pasado 15 de julio y con base en los reclamos presentados por el Comité de Ética del Acuerdo de tubos, el Programa Presidencial de Lucha contra la Corrupción le pidió a la Procuraduría General de la Nación la suspensión del proceso licitatorio para el “Suministro de tubería para la construcción de la línea de conducción de la bocatoma Cócora a la planta de tratamiento de Boquerón, correspondiente al proyecto del acueducto complementario de la ciudad de Ibagué”.

La solicitud fue hecha toda vez que el IBAL injustificadamente excluyó el GRP (plástico reforzado con fibra de vidrio) e incluyó el hierro dúctil como material elegible, y además desagregó el suministro de tubos rectos de los accesorios para los mismos, sin contar con los estudios técnicos para respaldar dichas decisiones. Lo anterior implica subjetividad en el proceso, lo cual atenta contra el principio de transparencia y pluralidad de oferentes, necesarias para la correcta y conveniente inversión de recursos públicos.

Esta decisión, tomada sin argumentación técnica sustentable atenta contra el principio de transparencia y pluralidad de oferentes, necesarios para la correcta y conveniente inversión de recursos públicos. Y en consecuencia, restringe la participación en la licitación y solo pueden hacerlo quienes tengan tubería en hierro dúctil.

Se declaró desierto el primer proceso y luego se reabrió el proceso sin argumentación técnica
Sorpresivamente, el pasado 3 de agosto el IBAL declaró desierto el primer proceso licitatorio, abierto el 21 de abril de 2009. En su momento, el Comité de Ética del Acuerdo, que ha venido realizando una labor de veeduría a diferentes procesos licitatorios en los que se contrata tubería para acueducto y alcantarillado en el país y cuenta con un equipo técnico experto en el tema de tubos, consideró esta acción como una maniobra de distracción, que buscaba alejar la atención pública del tema central en discusión y evitar responder el por qué de tantas inconsistencias utilizadas para soportar sus decisiones.

Las sospechas del Comité se ratificaron toda vez que el pasado 21 de agosto, el IBAL reinició el proceso licitatorio bajo las mismas condiciones, y abrió un nuevo proceso licitatorio sin ninguna explicación técnica que las soporte.

Llamado de alerta
Hoy es inminente la necesidad que los organismos de control revisen cuidadosamente este proceso para evitar que se lleve a cabo una inversión de 12.000 millones de pesos de manera arbitraria a pesar del aparente cumplimiento de requisitos.

Por su parte, Transparencia por Colombia, que ha acompañado de cerca el desarrollo del Acuerdo, encuentra razones de fondo en los reiterados pronunciamientos del Comité de Ética del mismo. Por esta razón, como organización de la sociedad civil, permanece atenta al desarrollo del nuevo proceso para velar por el marco de objetividad, transparencia, igualdad, moralidad y publicidad que ampara y propende por la inversión apropiada de recursos públicos y la satisfacción de los intereses generales de los ciudadanos.

INFORMES DE PRENSA:
Ana Carolina Rodríguez, comunicaciones@transparenciacolombia.org.co, 214 6870 Ext 104, Celular: 313 238 1490