Bogotá, 13 de enero de 2011 – Ayer, el Secretario Anticorrupción Carlos Fernando Galán, anunció como su principal tarea la creación de la Política Integral de Lucha Contra la Corrupción. La Corporación Transparencia por Colombia, como miembro de la Comisión Nacional Ciudadana de Lucha Contra la Corrupción, destaca la iniciativa como un paso concreto para combatir frontalmente este flagelo y presenta sus recomendaciones para la construcción de una Política Integral que incluya a todos los sectores de la sociedad y marque avances en los compromisos internacionales del Estado colombiano.
En su papel como organización de la sociedad civil referente en la lucha contra la corrupción, Transparencia por Colombia ha presentado recomendaciones al Gobierno Nacional, que plantean la necesidad de incluir en la Política Integral los principales elementos de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción (UNCAC) y la Convención Interamericana contra la Corrupción (CICC-OEA), de las cuales Colombia es signataria.
Aspectos clave como la inclusión de todas las ramas y niveles del poder público, sector privado y organizaciones de la sociedad civil como actores corresponsables en la lucha contra la corrupción; y la creación de medidas concretas para la prevención, investigación y sanción de delitos de corrupción, estableciendo los medios y recursos para su ejecución, son imprescindibles para construir una herramienta efectiva contra la corrupción.
Así, Transparencia por Colombia resume en 10 puntos su propuesta para la Política Integral de Lucha Contra la Corrupción, que debe comprender los siguientes aspectos:
- Elaboración de estrategias específicas para las ramas del poder público y los órganos de control.
- Evaluar y reformar el Sistema Penal Acusatorio para hacer más efectiva la lucha contra la corrupción, aspecto planteado por Transparencia el pasado 9 de diciembre a través de un informe independiente sobre el cumplimiento de compromisos de Colombia frente a la Convención de Naciones Unidas Contra la Corrupción (UNCAC).
- Medidas concretas que garanticen el derecho fundamental al acceso a la información pública.
- La participación de la sociedad civil, tanto en la formulación de la Política Integral, como en su ejecución y seguimiento.
- La participación de los medios de comunicación en las políticas de lucha contra la corrupción.
- Las medidas de estímulo y de protección a funcionarios y ciudadanos con relación a la denuncia de prácticas de corrupción.
- La transparencia y difusión sobre la información de bienes y rentas y sobre conflicto de intereses de los funcionarios públicos.
- Las unidades especiales de inteligencia contra la gran corrupción.
- Las medidas para prevenir y combatir la captura y reconfiguración cooptada del Estado.
- Mecanismos para prevenir y mitigar la distorsión de los procesos electorales.
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Tatiana Joiro | Coordinadora de Comunicaciones