Transparencia por Colombia exhortó al Senado de la República a no retroceder en materia de transparencia en la financiación de la política, y se sumó al llamado del GRUPO DE INTERÉS DE LA REFORMA POLÍTICA para que apruebe un paquete de medidas de responsabilidad política con sanciones efectivas, reales y de aplicación inmediata para los congresistas y partidos políticos que establecieron vínculos con organizaciones criminales.
Transparencia por Colombia participó hoy 22 de mayo en la Audiencia Pública del Proyecto de Reforma Política realizada por la Comisión Primera del Senado de la República. La Corporación presentó sus preocupaciones en relación con el artículo 4 del proyecto de Acto Legislativo aprobado en segunda vuelta por la Cámara de Representantes, relativo al régimen de rendición de cuentas y financiación de la política, en el que se eliminarían de la Constitución aspectos fundamentales para la transparencia en financiación de la política.
Así, Transparencia por Colombia invitó al Senado de la República a mantener en la Constitución la existencia de topes para los gastos de las campañas electorales; la posibilidad de que la ley establezca un tope máximo de aportes de privados a las mismas; la figura de la pérdida de investidura ante el evento de que se violen los topes máximos de financiación de las campañas; y la obligación constitucional para partidos, movimientos y candidatos de rendir públicamente cuentas sobre el volumen, origen y destino de sus ingresos. Para Transparencia por Colombia, contrario a eliminar de la Carta Magna las pocas disposiciones existentes en materia de rendición de cuentas y financiación de la política, lo que se espera del Honorable Congreso de la República en la actual coyuntura es que complemente y vigorice dicho régimen para prevenir que en el futuro intereses ilegítimos vuelvan a capturar las instituciones democráticas vía financiación de campañas y partidos.
De igual forma, y como parte del GRUPO DE INTERÉS DE LA REFORMA POLÍTICA, Transparencia por Colombia se unió al llamado hecho al Senado de la República para que apruebe como parte central de la Reforma Política un bloque de medidas de Responsabilidad Política, que contenga sanciones efectivas, reales y de aplicación inmediata para los congresistas y partidos políticos que establecieron vínculos con organizaciones criminales.