Una mirada hacia la realidad muestra que el mundo de los negocios es más complejo. En primer lugar involucra el factor humano. En muchos casos, los dueños de empresas son integrantes de la elite  y parientes, amigos o socios de candidatos. En las sociedades latinoamericanas, no es fácil decir “NO” cuando gente de la red social que le proporciona colaboración en todas las circunstancias de la vida, le demanda apoyo, incluyendo en las elecciones.

Los dueños de negocios en su categoría de ciudadanos suelen tener partidos y candidatos de su preferencia. Por otro lado, allí donde la estructura de empresas es esencialmente familiar, la diferencia entre propiedad particular y negocio muchas veces no aparece tan clara. Cuando las donaciones ofrecen exención de impuestos, es más razonable hacerlas en nombre de la empresa donante.

¿Y si fuera económica la motivación para la donación, sería totalmente reprochable? ¿Es legítimo que sectores económicos ayuden a partidos y a políticos que defiendan los intereses de su sector? ¿Empresas del sector de minería pueden financiar a candidatos que conocen sus problemas, y en consecuencia candidatos que defiendan sus posiciones en la respectiva comisión del Congreso? ¿Son reprochables solamente las donaciones vinculadas a la devolución de favores ilegales a  las empresas? Existe una brecha entre estos favores ilegales y la defensa de determinadas políticas económicas, donde la evaluación moral suele ser aún más difícil.

Por otro lado, en la mayoría de los países latinoamericanos las donaciones del sector privado son permitidas: en algunos casos de forma limitada. Y en otros, prácticamente sin restricciones. ¿La gente espera que las empresas abdiquen voluntariamente de este derecho de financiar la política?

Es fácil poner a las empresas en el banquillo de los acusados en el tema del financiamiento de la política. Pocas iniciativas le ofrecen un diálogo e información al sector privado sobre cómo actuar en este terreno, donde es difícil buscar un camino propio.

No dejan de sorprender los resultados obtenidos en la Primera Encuesta Nacional sobre prácticas contra el soborno en las empresas colombianas realizada por Transparencia por Colombia en 2007, en la que el 65% de los encuestados respondió tener como política empresarial, nunca hacer contribuciones políticas, sin embargo el 52% afirmó que las contribuciones políticas son  una modalidad utilizada por los empresarios para sobornar.¿Por qué renunciarían a su derecho de influir sobre la política económica? ¿Lo ven como ilegítimo, aunque legal; O como gasto poco eficiente; o buscan protegerse, de esta forma, de solicitudes de candidatos, partidos y gobiernos? ¿Cómo deben protegerse las empresas a las cuales los gobiernos les solicitan contribuciones políticas?

La encuesta de Transparencia por Colombia acerca de la posición y la práctica de empresas para combatir la corrupción es una importante iniciativa para escuchar y conocer al sector privado. Otro proyecto pionero es el que Transparencia Internacional y el Instituto Ethos desarrollaron en Brasil para las elecciones municipales de Octubre de este año. La guía “La responsabilidad social de las empresas en el proceso electoral. Edición 2008” informa a las empresas sobre sus derechos y deberes cuando deciden financiar las campañas electorales y propone algunas medidas concretas para tornar el financiamiento más transparente, más responsable y más acorde con los valores democráticos.

La guía propone que las empresas tomen decisiones claras sobre su política a respecto de donaciones a candidatos y a partidos, que hagan públicas sus políticas y rindan cuentas sobre sus aportes ante la ciudadanía y frente a los órganos de Control, que se comprometan a apoyar a candidatos responsables, con la determinación de combatir la corrupción y ayudar a luchar contra las causas de extorsión de empresas por medio de las donaciones. 

Hay sectores empresariales dispuestos a apoyar iniciativas de reformas con un gran potencial para provocar cambios. Para activar la acción empresarial es necesario entender sus motivos, preocupaciones y experiencias, ofrecerles orientación sobre su responsabilidad social en el proceso electoral y desarrollar estrategias realistas y eficientes para contrarrestar la corrupción vinculada al financiamiento de la política.