Transparencia por Colombia y Transparencia Internacional han liderado tres importantes instrumentos que permiten medirle la temperatura al fenómeno de la corrupción en el mundo y en Colombia en particular; son ellos: el Índice de Transparencia de las Entidades Públicas – ITN en Colombia, el Índice de Percepción de Corrupción - IPC y el Barómetro Global de Corrupción - BGC, estos últimos basados en encuestas de percepción a expertos y ciudadanos en general, respectivamente.

El Índice de Transparencia Nacional que mide, a partir de información objetiva, las condiciones institucionales que favorecen o aumentan los riesgos de corrupción en las entidades públicas, señala que las entidades nacionales han disminuido los riesgos de corrupción al aumentar 13 puntos en la calificación del año 2003 al 2005, pasando de un promedio de 62,5/100 en el 2003 a 75.8/100 en el 2005. Mientras tanto, en el Índice de Percepción de Corrupción del año 2007, Colombia recibió una calificación promedio de 3.9/10, es decir para los encuestados (expertos y empresarios en el país) la corrupción es un fenómeno presente y vigente.

 Así mismo, de acuerdo al Barómetro Global de Corrupción 2007 el 54% de los encuestados considera que en los próximos tres años en el país la corrupción aumentará, para el 34% disminuirá, mientras que para el 13% seguirá igual. En suma la expectativa “pesimista” sobre los niveles de corrupción en el país es mayoritaria en la opinión pública. En este mismo estudio, en relación con la acción del gobierno en torno a la lucha contra la corrupción, hay una apretada ventaja de aquellos encuestados que consideran que el gobierno es eficaz en la lucha (48%), pues para el 40% la acción gubernamental es ineficaz y para el 10% ni lo uno, ni lo otro.

Finalmente, la opinión ciudadana sigue considerando que los sectores más afectados por la corrupción son los partidos políticos (4/5 donde 5 es el más afectado), el Congreso (3.9/5), la Policía y el Sistema Judicial (3.5/5). Mientras que los menos afectados son: los cuerpos religiosos, las ONG y el Sistema Educativo (2.8/5). 

 Así estos instrumentos nos están mostrando que mientras avanzan cambios en las normas y en las instituciones la percepción de ciudadanos y de expertos sigue siendo igual de pesimista. La razón es clara: los cambios institucionales son recientes y, claro esta, insuficientes. Mientras que las prácticas corruptas son añejas, ancladas en nuestras prácticas y valoraciones, al punto de que son consideradas negativas y nocivas, pero practicadas y, por lo tanto validadas socialmente. Ese es el punto más álgido en la lucha contra la corrupción: pasar del dicho al hecho, pero no sólo en las normas sino en las prácticas cotidianas de la vida social del país.

Cambiar la percepción de los ciudadanos y, lo más importante, la práctica de los actores sociales – por que como se piensa se actúa – será, entonces, el resultado de una nueva experiencia. Se espera que los cambios en las instituciones públicas y privadas, acompañadas de cambios en los valores y en las prácticas de los individuos nos den la oportunidad de tener mediciones menos críticas con respecto al fenómeno de la corrupción.  

Entendiendo por riesgos de corrupción la probabilidad de que ocurran riesgos de corrupción.