Mucho se ha escrito sobre la responsabilidad de los partidos políticos, candidatos y autoridades electorales en la promoción de mayores niveles de transparencia en la financiación de las campañas, y sobre las medidas que estos actores pueden tomar para blindar las elecciones de octubre próximo de la financiación indebida.

En ese sentido, desde distintos sectores se ha hecho un llamado a partidos y candidatos para que adopten y visibilicen mecanismos concretos que prevengan el ingreso de dineros ilícitos a las campañas. De igual forma, se ha insistido en la importancia de que el Consejo Nacional Electoral ejerza mayor control a las finanzas de las campañas durante el periodo electoral, y pueda verificar la procedencia de los recursos que están entrando a las campañas y que no se superen los topes máximos de gasto.

Por su parte, y dados los enormes riesgos que enfrentarán las elecciones del 28 de octubre y las altas probabilidades de que la gobernabilidad local sufra un daño irreparable por cuenta de la incidencia -armada o financiera- del narcotráfico y grupos armados ilegales en la contienda electoral, medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil también han hecho esfuerzos en favor de la transparencia del proceso a través de la observación y denuncia de hechos irregulares, la difusión de información oportuna y veraz, y la promoción del voto informado, entre otras acciones.

Sin embargo, es muy poco lo que se ha dicho en el país sobre la responsabilidad que le compete al sector empresarial como financiador de campañas y partidos políticos, y sobre las medidas que puede adoptar el sector privado para hacer una contribución efectiva a la promoción de procesos electorales más transparentes. La complejidad del proceso electoral en curso y todo lo que está en juego requiere que los empresarios, además de enviar señales de alerta sobre la procedencia y el volumen de los recursos que se están invirtiendo en las campañas, asuman compromisos concretos en relación con la financiación de la política.

Aunque una de las grandes preocupaciones del proceso electoral 2007 ha girado en torno al ingreso de dineros del narcotráfico o el crimen organizado a las campañas, lo cierto es que el financiamiento legal de las mismas también plantea serias amenazas. En ausencia de condiciones que garanticen que los ciudadanos puedan acceder a información sobre la financiación de las campañas, las contribuciones de los empresarios también tienen el potencial de lesionar la calidad de la democracia, si por esta vía buscan retribución de favores de los elegidos por cuenta de los aportes recibidos.

Las condiciones que regulan la financiación de las campañas en curso y la precariedad del régimen vigente en materia de conflicto de intereses, no ayudan a prevenir este riesgo. Al no existir en la normatividad límites a las contribuciones privadas para financiar las campañas a gobernaciones, alcaldías, asambleas, concejos y JAL, se abre la posibilidad de que uno o unos pocos empresarios aporten grandes sumas de dinero que comprometan fácilmente la independencia y autonomía de las decisiones de los candidatos que resulten elegidos, que tenderán a “pagar el favor” con nombramientos en cargos públicos, contrataciones con recursos estatales a favor de la empresa financiadora, o con la adopción de políticas públicas que beneficien los intereses del gran contribuyente. Todo lo anterior en detrimento de la gobernabilidad y la estabilidad democrática.

Ante las declaraciones del Presidente de la ANDI y otros industriales, que días atrás manifestaron su preocupación por la “danza de los millones” que se observaba en las campañas de algunos candidatos a alcaldías y gobernaciones, vale la pena recordar que el financiamiento de la política tiene dos caras, el que recibe y el que aporta, y que ambas partes pueden emprender acciones para incrementar la transparencia en la financiación de la política.

Dados los riesgos que enfrentan las elecciones de 2007 y la profunda crisis de legitimidad por la que atraviesan las instituciones democráticas colombianas, el sector empresarial debe mostrar mayores niveles de compromiso con la financiación de la política. Los procesos electorales son el escenario perfecto para que las empresas ejerzan su papel de ciudadano corporativo en su máxima expresión, y asuman posturas éticas y reflexionen sobre los criterios para el financiamiento de partidos y candidatos.

En ese sentido, se invita a las empresas que financian campañas o partidos a que hagan sus aportes respetando la normatividad; asumiendo algún grado de responsabilidad sobre el candidato o partido apoyado; que financien por motivos ideológicos y para respaldar un programa, y sin esperar retribución o buscar influir sobre el elegido; que verifiquen que su donación sea correctamente registrada en la contabilidad del partido o candidato apoyado y en la propia; y que apoyen candidatos y partidos comprometidos con la responsabilidad y la transparencia en el ejercicio de la función pública.

De igual forma, las empresas pueden mostrar su compromiso con la búsqueda de un país más transparente, democrático y justo, contribuyendo a erradicar el oscurantismo que reina en la financiación de la política visibilizando a la ciudadanía las campañas o partidos que fueron o serán objeto de su financiación y el monto donado. Lo anterior será asumido como un ejercicio responsable de fortalecimiento de la democracia, y generará un clima de confianza al enviar el mensaje de que la contribución financiera de la empresa está desvinculada de cualquier expectativa de retribución o beneficio.

*Coordinadora de Proyectos de Política y Justicia
Transparencia por Colombia