El soborno es el principal mecanismo utilizado por los grupos legales para influir, casi siempre, en las decisiones legislativas y del ejecutivo. Este es el análisis típico de la Captura del Estado, iniciado y luego impulsado en gran parte por el Banco Mundial, específicamente, por Daniel Kaufmann y Joel Hellman.

Si bien la Captura del Estado es una situación ilegítima en la que se atenta contra los intereses generales y contra el bienestar social, no constituye en todos los casos una práctica ilegal porque los agentes captores pueden acudir a métodos legales para conseguir sus fines. Por ejemplo, un grupo económico puede utilizar a los partidos y a los movimientos políticos para penetrar el núcleo del Estado y, desde allí, distorsionar el principal objetivo del Estado de Derecho.

En este orden de ideas, crear o financiar un partido o movimiento político cuyo único fin será el favorecimiento de intereses egoístas y parcializados, es un método de captura ilegítimo pero que acude a procedimientos institucionalizados como el sistema político y el sistema electoral. Este escenario evidencia la notable complejidad del fenómeno: mediante procedimientos institucionales y legítimos, se puede infiltrar el núcleo estatal y desde allí favorecer intereses particulares.

Colombia no ha escapado a la configuración de escenarios de Captura del Estado. No obstante, teniendo en cuenta las características y los antecedentes de violencia y crimen organizado del país, en Colombia éste fenómeno cuenta con características peculiares.

Aunque en la mayoría de estudios se considera a grupos económicos legales como los principales agentes captores, es de esperarse que en Estados de Derecho que aún están proceso de consolidación, los grupos legales no sean los únicos interesados en capturar el Estado. Cuando un Estado se encuentra en proceso de consolidación, se disputa con otros actores el monopolio fiscal y el monopolio de la fuerza. Este es el caso de Colombia, un Estado de Derecho en proceso de consolidación, con múltiples actores ilegales interesados en manipular la formulación de normas. La presencia de grupos subversivos, antisubversivos, crimen organizado y múltiples carteles, todos con alta tecnología criminal y homicida, complejiza los posibles escenarios de Captura del Estado.

Puede pensarse que en un Estado como el colombiano, el favorecimiento económico no es el único propósito perseguido por un agente captor, y que el soborno tampoco es el único procedimiento de captura. Es de esperarse que un actor ilegal desee acompañar el favorecimiento económico con su complemento ideal: la impunidad. También es de esperarse que los procedimientos de captura varíen, desde aquellos poco violentos como la creación o financiación de un partido y movimiento político, hasta las amenazas y la presión violenta.

De esta manera, en los últimos años se ha tenido noticia de que en Colombia fracciones de grupos armados ilegales han acudido a ambos procedimientos para capturar posiciones privilegiadas del Estado colombiano, sobre todo, en el nivel territorial. Por una parte, se ha tenido noticia de la creación y financiación de partidos y movimientos políticos y, por otra parte, se ha tenido noticia de la presión sobre funcionarios públicos con el fin de manipular su actividad.

Así, aparecen algunas consecuencias poco exploradas de la Captura del Estado, pero que son  nocivas para la institucionalidad. Por una parte, cuando se utilizan a los partidos y movimientos políticos para infiltrar el núcleo del Estado, se debilita la confianza estas instituciones, en el sistema electoral, en algunos niveles de la administración pública e, incluso, se debilita la confianza en la Ley misma. Por otra parte, cuando se ejerce presión sobre los funcionarios y sobre miembros de la sociedad civil, se gesta un ambiente propicio para la violación sistemática de derechos humanos y civiles. Estas consecuencias hacen que la Captura del Estado sea un fenómeno bastante grave en términos de sus costos sociales, políticos, institucionales y, sobre todo, por las distorsiones culturales que genera, al sembrar dudas acerca de la legitimidad de la Ley.

Teniendo en cuenta estas consecuencias, surgen varias preguntas que son urgentes de responder: ¿Cómo garantizar la transparencia y el control social cuando corre peligro la vida y la integridad? ¿Cómo exigir a los funcionarios públicos el correcto cumplimiento de sus labores cuando se ejerce sobre ellos presión violenta? ¿Cómo recuperar la confianza en el sistema político, cuando éste ha sido utilizado para infiltrar el núcleo estatal y favorecer intereses particulares? ¿Cómo medir un problema en el que participan actores ilegales y que, por lo tanto, es el resultado de actividades ilícitas y encubiertas?

*Las opiniones contenidas en este artículo no presentan ni comprometen la posición oficial de Transparencia por Colombia.

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