Reforma Política
La coyuntura actual ha develado profundas dificultades, y ha agudizado otras que demandarán un trabajo de largo aliento que permita reconstruir la confianza ciudadana en los partidos y en la democracia. Aunque la infiltración de intereses ilegítimos en la política se viene presentando de tiempo atrás, la creciente y cada vez más preocupante comprobación de los nexos entre políticos y organizaciones al margen de la ley, y que hoy tiene a un número importante de congresistas, alcaldes, gobernadores y miembros de corporación públicas del nivel territorial privados de la libertad o con procesos abiertos, no deja duda alguna de la necesidad que tiene el país de reformar el sistema político y electoral.
La injerencia de intereses particulares en la política ha lesionado la esencia de la democracia colombiana y ha reducido las posibilidades de desarrollo, especialmente del nivel territorial. A pesar de las graves evidencias de corrupción política, no es posible afirmar que exista una clara voluntad por parte de la clase política de proponer, concertar e implementar medidas inmediatas, reales, efectivas y ejemplarizantes que contribuyan a combatir la falta de ética en la política. El país no puede seguir aplazando la reforma estructural de asuntos vitales. Se requiere con urgencia que el Congreso y los partidos políticos asuman algún grado de responsabilidad frente a la grave de crisis de ilegitimidad por la que atraviesan las instituciones democráticas, y se comprometan con la expedición y aplicación inmediata de una reforma que evite la captura de la vida pública por parte de intereses ilegítimos.
El papel de la ciudadanía, la academia, los gremios y los medios de comunicación también será fundamental en la discusión e impulso de una reforma política que beneficie la transparencia en la política. Como organización de la sociedad civil, Transparencia por Colombia hace un llamado urgente a todos estos actores, para que se debatan y adopten las medidas necesarias para contrarrestar la crisis actual, y que a largo plazo contribuyan a aumentar la transparencia en la política y a mejorar la calidad de la democracia.
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