Preguntas Frecuentes: Proyecto de Ley Estatutaria de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Preguntas frecuentes sobre el proyecto de leyLa Ley Estatutaria, que busca promover el derecho fundamental de recibir respuesta a las solicitudes de acceso a la información pública y el deber estatal de visibilizar y promover activamente esta información sin necesidad de solicitud previa, fue aprobado en conciliación el pasado 20 de junio. Estos son los datos clave para comprender la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

 

 

Última actualización: 22 de junio de 2012

Número de artículos: 35
Estado: Aprobado en conciliación, pasa a revisión de la Corte Constitucional.
Ponentes designados en Senado: Hn. Senador Juan Manuel Corzo (coordinador) - Hn. Senador Luis Fernando Velasco.
Ponentes designados en Cámara: Hn. Representante Pedrito Pereira (coordinador, Conservador); Hn. Representante Alfonso Prada (Verde); Hn Representante Carlos Germán Navas Talero (Polo); Miguel Gómez Martínez (Partido de La U); José Rodolfo Pérez Suárez (Apertura Liberal).

Este Proyecto de Ley en congresovisible.org

Consulte el Proyecto de Ley aprobado en Plenaria de Senado aquí

Consulte aquí la Ponencia para segundo debate en Comisión Primera de la Cámara de Representantes

1. ¿Cómo surgió este Proyecto de Ley?

Comprendiendo la necesidad del reconocimiento nacional del derecho al acceso a la información pública, y la histórica dispersión legislativa de mecanismos para acceder a este derecho fundamental, Transparencia por Colombia y el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad – DeJusticia, con el apoyo de la Alianza Más Información Más Derechos*, vienen desarrollando desde el 2009 el proyecto de “Ley Estatutaria de Acceso a la Información”, que busca reglamentar el derecho ciudadano de recibir respuesta a las solicitudes de acceso a la información pública y el deber estatal de visibilizar y promover activamente esta información sin necesidad de solicitud previa, basado en la cultura y principio de transparencia, que antes no había sido contemplado por la legislación colombiana. El proyecto de Ley está basado en la Ley Modelo de Acceso a la Información de la Organización de Estados Americanos (OEA). 

Tras su radicación el 1 de noviembre de 2011 con las firmas de siete congresistas**, el proyecto de ley desarrollado por miembros de la sociedad civil, fue acumulado con dos proyectos de ley sobre acceso a la información pública de los Senadores Carlos Emiro Barriga y Juan Manuel Corzo.

2. ¿Por qué es necesaria la Ley si ya existen mecanismos como el Derecho de Petición?

Aunque en Colombia existen mecanismos para ejercer y defender el derecho ciudadano de acceder a la información pública, como el Derecho de Petición (artículo 23 de la Constitución y artículo 17 del Código Contencioso Administrativo), el Recurso de Insistencia (artículo 21 de la Ley 57 de 1985) y la Tutela, este derecho aún no ha recibido un tratamiento autónomo ni reconocimiento independiente en el nivel legislativo.


Países como México, Perú, Chile y más recientemente, Brasil, han adoptado leyes de acceso a la información pública como una herramienta garante de la transparencia del Estado, el acceso a los derechos humanos y la prevención de la corrupción.

3. ¿Qué personas y entidades serían sujetos obligados en este proyecto de Ley?

En general, toda entidad pública, incluyendo las pertenecientes a todas las ramas del Poder Público Ejecutiva, Legislativa y Judicial en los órdenes nacional, departamental, municipal y distrital estarían obligados a visibilizar la información sin solicitud previa y a dar respuesta a los requerimientos ciudadanos. De igual manera, las personas natural y jurídica, pública o privada, que presten función pública.

4. ¿Los medios de comunicación, periodistas, ONG y centros de pensamiento serían sujetos obligados?


No. En segundo debate de Senado se incluyó un parágrafo en el que se hace explícito que NO serán sujetos obligados aquellas personas naturales o jurídicas que sean usuarios de información pública, y que utilicen la misma para cualquier ejercicio periodístico, académico o de control social, con el objetivo de garantizar la libertad de prensa y el control ciudadano.

5. ¿Qué tipo de información sería publicada por los sujetos obligados?

El proyecto define la información como "un conjunto organizado de datos contenido en cualquier documento que los sujetos obligados generen, adquieran, obtengan, transformen o controlen".

Los sujetos obligados deberán entregar toda la información solicitada por la ciudadanía, siempre y cuando no se encuentre dentro de las excepciones consagradas y “cause un daño presente, probable y específico que excede el interés público que representa el acceso a la información.”

Además, los sujetos obligados deberán tener a disposición del público, sin que estos lo soliciten, la siguiente información:

  • Información de estructura y funcionamiento
  • Presupuesto, ejecución presupuestal y planes de gasto público
  • Directorio de los empleados, escalas salariales y hojas de vida
  • Normatividad
  • Resultado de auditorías, informes de gestión o evaluaciones
  • Información sobre toda la contratación (compras, arrendamientos, prestación de servicios)
  • Plan anticorrupción y de atención al ciudadano
  • Información sobre los servicios que se prestan
  • Información sobre los procedimientos de toma de decisiones
  • Contenido de decisiones o políticas que afecten al público con sus fundamentos
  • Los mecanismos por medio de los que se puede participar en las políticas de las instituciones
  • Datos abiertos (son datos en bruto sin procesar)
  • Un registro de la información con la que se cuenta
  • La información que haya sido publicada en respuestas previas deberá ser publicada en la página web

Además, se obliga a crear un esquema para publicar dicha información, que debe ser difundido al público.

6. ¿Cómo se realizarían las solicitudes de acceso a la información pública?

Cualquier ciudadano, de forma oral o escrita, incluida la vía electrónica, podrá solicitar información pública de su interés a cualquiera de los sujetos obligados propuestos en la Ley. La entidad deberá responder en diez (10) días hábiles de acuerdo al artículo 14 del Código Contencioso Administrativo. Además, se prevee que en ningún caso podrá ser rechazada la petición por motivos de fundamentación inadecuada o incompleta.

7. ¿Y si la solicitud de acceso a la información es rechazada?

En la normatividad previa a esta ley, el ciudadano sólo podía acudir a la tutela cuando recibía una respuesta evasiva o no le contestaban en el término legal. En los casos en que se decía que la información era reservada se debía acudir a el “recurso de insistencia” que era menos garante del derecho de acceso a la información.

El texto aprobado en el congreso da más posibilidades para acudir a la tutela que las que había antes. Si la información es negada, el ciudadano podrá insistir por medio del recurso de reposición ante el funcionario que negó la información; y si este vuelve a negarse el ciudadano podrá interponer la acción de tutela.

Para aquella información relacionada con defensa, seguridad nacional y relaciones internacionales, cuando la respuesta a la solicitud de información invoque la reserva de seguridad y defensa nacional o relaciones internacionales, el solicitante podrá también acudir al recurso de reposición, el cual deberá interponerse por escrito y sustentando en la diligencia de notificación, o dentro de los tres (3) días siguientes a ella.

En este último caso, cuando se niegue el recurso, corresponderá al Tribunal Administrativo con jurisdicción en el lugar donde se encuentren los documentos, si se trata de autoridades nacionales, departamentales o del Distrito Capital de Bogotá, o al juez administrativo si se trata de autoridades distritales y municipales, decidir en única instancia si se niega o se acepta, total o parcialmente, la petición formulada. Para ello, el funcionario respectivo enviará la documentación correspondiente al Tribunal o al Juez Administrativo en un plazo no superior a tres (3) días. En caso de que el funcionario incumpla esta obligación el solicitante podrá hacer el respectivo envío de manera directa.

No obstante, es importante recordar que si no se interpone el recurso de reposición dentro de los 3 días aplicará directamente la acción de tutela en todos los casos.

8. ¿Cuáles son las excepciones para acceder a la información pública?

Hay dos excepciones por las que una entidad o persona podría rechazar el acceso a una información pública, siempre de manera motivada y por escrito:

1. Si la información afecta derechos particulares: derecho de toda persona a la intimidad; el derecho de toda persona a la vida, la salud o la seguridad; y los secretos comerciales y profesionales.


2. Si la información afecta los intereses públicos: el proyecto de ley especifica las circunstancias en las que no se podrá acceder a la información pública reservada, por ejemplo, si se pone en riesgo la seguridad pública, la defensa nacional, la investigación de delitos, entre otros. (Ver todas excepciones en Título III, Art. 19).


Todas estas excepciones aplicarán cuando se pruebe que la información “cause un daño presente, probable y específico que excede el interés público que representa el acceso a la información.”(Art. 29)

Es importante recordar que la intimidad de los servidores públicos tiene un menor nivel de protección que la de los demás ciudadanos.

Además, la ley contempla que los sujetos obligados mantengan un índice actualizado de los actos y documentos calificados como secretos o reservados a los que no se pueden acceder.

9. ¿Se establece algún tiempo límite para la reserva de información pública?


Sí. La reserva de las informaciones no deberá extenderse por un período mayor a quince (15) años. Para prorrogarse, no podrá ser por una cantidad mayor a la misma y se requiere autorización del superior jerárquico de cada rama del poder público y órganos de control.

10. ¿Cuál sería la entidad encargada de garantizar el derecho al acceso a la información pública?



El Ministerio Público, la Procuraduría General de la Nación y la Personería serán, en términos generales, los órganos garantes del derecho. Para esto, la Procuraduría deberá reglamentar las funciones. Esto sucedió pese a que la plataforma Más Información Más Derechos insiste en que debe existir un órgano independiente 'con dientes' que tenga a su cargo la promoción, garantía, control, vigilancia y efectiva implementación de esta ley y del derecho fundamental de acceso a la información, como estaba originalmente propuesto con la creación de la Delegada de la Información en la Procuraduría.

Por otro lado, el diseño, promoción e implementación de la política pública de acceso a la información, estará a cargo de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, el Ministerio de Tecnología de la Información y Comunicaciones, el Departamento Administrativo de Función Pública (DAFP) y el Archivo General de la Nación.


* La Alianza Más Información Más Derechos está integrada por las organizaciones de la sociedad civil: Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad – DeJusticia, Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), Transparencia por Colombia, Corporación Ocasa y el Proyecto Antonio Nariño (PAN).

** Senadores firmantes: Carlos Emiro Barriga (Partido Conservador), Eduardo Enríquez Rosero (Partido de la U), John Sudarsky (Partido Verde), Luis Fernando Velasco (Partido Liberal). Representantes: Alfonso Prada (Partido Verde), Germán Navas (Polo Democrático) y Simón Gaviria (Partido Liberal).